Parece pesadilla pero es realidad. Al mismo tiempo que los medios
traen diariamente noticias de indígenas amazónicos sufriendo por derrames de
petróleo, de pueblos andinos padeciendo de agua, aire y suelos
envenenados por la minería, sin mencionar los desmanes de la minería ilegal,los
dirigentes de las sociedades de hidrocarburos y de minería proponen abrir las
áreas naturales protegidas para su explotación. Y para colmo
reciben apoyo del Presidente del Directorio de Perupetro, la empresa que
distribuye a su antojo gran parte del territorio nacional, excepto, claro,
parte de las áreas naturales protegidas.
En efecto, fue noticiado que
ambas sociedades, a las que se sumó el Presidente del Directorio de Perupetro,
recomiendan al nuevo gobierno cambiar la legislación sobre áreas naturales
protegidas por el Estado para permitir actividades de las empresas de sus
gremios en los últimos y únicos reductos naturales del Perú. La Sociedad
Peruana de Hidrocarburos alega que el marco legal referido para estas zonas
“genera inestabilidad y es un riesgo para las actividades de inversión”.
Considera la necesidades que se establezca “reglas claras” y agrega que “hay
varias disposiciones que limitan, no sólo la protección de derechos adquiridos,
sino también directamente el desarrollo de actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos y otras actividades”.
Esas
declaraciones, además de ser erróneas, atentan contra principios que son
fundamentales en cualquier sociedad civilizada. ¿De dónde los que hicieron
esas declaraciones sacaron que una nación no puede o no debe dejar parte de su
territorio sin uso para conservar muestras de la naturaleza, de su patrimonio
biológico, de sus bellezas naturales y para mantener servicios ambientales sin
los que la vida no es viable?
Las áreas naturales
protegidas son una expresión del comportamiento civilizado y del desarrollo
sensato. No se niega ni se ignora la necesidad de transformar gran parte del
entorno natural para producir los bienes que la sociedad necesita, incluyendo
alimentos, energía y, claro, minerales. Pero todos saben que hay que establecer
un equilibrio entre lo que se usa y lo que se preserva para no dificultar el
presente ni arriesgar el futuro. Ese es el equilibrio que esos personajes
parecen desconocer o querer romper, apenas para favorecer intereses
particulares y de corto plazo y, como se verá, de dudosa necesidad.
En primer lugar cabe recordar
que la ley vigente sobre áreas naturales protegidas es de 1997 y que, por lo
tanto, lleva casi 20 años siendo respetada, lo que como es evidente no ha
frenado el crecimiento economico nacional. Más aún, las áreas protegidas
contribuyen crecientemente al desarrollo regional, tanto por el valor de los
servicios que proveen como por el impulso al turismo y a otras actividades
económicas. Y, mediando inversiones en ellas, pueden aportar mucho más.
Pero hay más. Las
justificaciones dadas por quienes han declarado no corresponden a la
realidad. Las áreas naturales protegidas del Perú cubren 17,2 %
del territorio. Pero de esas, las que “categóricamente” (principalmente parques
nacionales) prohíben usos mineros o petroleros cubren solo 7,5% del Perú, lo
que es menos que las recomendaciones internacionales. Sin embargo, aun en esos
casos hay excepciones que, precisamente, respetan derechos adquiridos como en
el Parque Nacional Huascarán. En las demás categorías (uso directo) puede haber
exploración y explotación minera o petrolera y de hecho eso ocurre, por ejemplo
en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, donde el petróleo ya provocó desastres
socioambientales. Pero, como es obvio, en esos casos las actividades económicas
deben respetar reglas un poco más severas. Y eso es lo que no les gusta.
De otra parte, en 2014 había
más de 50.000 derechos mineros afectando más de 23 millones de hectáreas. O
sea, casi el 18% del territorio nacional, sin mencionar la minería ilegal que
ya actúa en varias áreas protegidas. Y, con relación a los hidrocarburos,
Perupetro ofrece lotes que cubren prácticamente todo el espacio que interesa
para esa actividad excepto sobre áreas protegidas de uso indirecto, es decir
los parques nacionales, donde ahora pretenden incursionar también. Es decir que
las actividades mineras y petroleras cubren o pueden cubrir varias veces más
espacio que las áreas protegidas en las que ellas son controladas o prohibidas. Es por lo tanto absurda la
insinuación de que la explotación de hidrocarburos y de minerales está
limitando la expansión de esas actividades y, menos aún, que impide “continuar
con el crecimiento del país”.
Tampoco es necesario cambiar la legislación de
las áreas protegidos para garantizar derechos adquiridos. Estos están definidos
de manera clara y segura. Errores eventuales cometidos por alguna instancia,
por ejemplo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso de
Cordillera Escalera, han sido ampliamente superados y suficientemente aclarados
con regulación posterior. Es más, en las relaciones de las áreas naturales
protegidas con la minería y el sector hidrocarburos existe un largo historial
de negociaciones exitosas. Apenas como ejemplo se cita los casos de la
delimitación del Parque Nacional Ichigkat Muja o Cordillera del Cóndor, cuya
propuesta fue recortada precisamente atendiendo reclamaciones de empresas
mineras o el del recién creado Parque Nacional del Divisor, que fue fruto de
negociaciones constructivas con las empresas petroleras involucradas. Y en el
caso de la citada propuesta de creación de una zona reservada en el mar
Pacífico tropical se llegó a considerar que derechos adquiridos concurren con
nuevos eventuales titulares sobre los mismos lotes preexistentes asignados. Es,
pues, falsa la declaración de que la legislación vigente obstruye el desarrollo
minero o petrolero. Pero, como es lógico, estas actividades no pueden hacer lo
que quieren sin pedir permiso ni sin evitar los perjuicios que habitualmente
ocasionan.
Otra afirmación distorsionada
es la de que “en otros países se explota petróleo en parques nacionales”. Eso
ocurre, pero siempre se trata de excepciones lamentables. Acontece, por
ejemplo, en el Parque Nacional Virunga, en la caótica República Popular del
Congo y también, para vergüenza de nuestros vecinos, en Ecuador, en su Parque
Nacional Yasuní, lo que en ambos casos tiene un alto costo para el prestigio de
esos países. Retornando al tema de fondo: ¿Acaso es tan difícil aceptar que una
parte, siempre menor, de los países pueda mantenerse libre de la codicia y de
la destrucción? ¿Acaso no se entiende aún que petróleo y minerales son recursos
finitos mientras que la vida puede ser eterna? ¿Acaso no es obvio que el
planeta y el Perú ya estén en una grave encrucijada ambiental?
¿Y por qué proponen eso
ahora, cuando el precio del petróleo está por los suelos, lo que también ocurre
con muchos minerales? El precio de los minerales se recuperará probablemente,
pero en el medio y largo plazo la energía fósil está irremediablemente
condenada a ser sustituida por fuentes renovables.
Lo cierto es que en el Perú
hay espacio para todas las necesidades, tanto las “productivas” como las que
aseguran la economía del futuro y la calidad de la vida. En lugar de romper el
balance entre el presente y el mañana, los empresarios petroleros y mineros
deberían ser más serios en cuanto a aplicar las muchas tecnologías disponibles
que siendo más limpias y seguras, aumentarían su producción y bajarían sus
costos. Ser productivo y competitivo no equivale a ampliar ilimitadamente el
espacio que se explota.
