miércoles, 12 de abril de 2017

EL ESTADO CONTRA LA CONSERVACION COMUNITARIA : EL CASO DEL GRAN SIMACACHE


La concesión para conservación “El Gran Simacache” es un área reconocida por el Gobierno Regional de San Martín mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°534-2012/GRSM/DEACRN de fecha 12 de diciembre del 2012 con el objetivo de conservar un área prioritaria de la ecoregión Yungas, para mantener una muestra importante de la diversidad biológica del Perú, asegurando un refugio para la fauna y flora silvestre, y al mismo tiempo promover e incentivar el manejo sostenible de los recursos naturales en beneficio de las poblaciones humanas y de la naturaleza. Se encuentra ubicada en los distritos de Alto Saposoa, Saposoa, Huicungo y Pachiza, los dos primeros en la provincia de Huallaga y los siguientes en la provincia de Mariscal Cáceres, en el departamento de San Martín, ocupando una superficie total de 41 029.58 Has. La administración del área está a cargo de la Asociación de Agricultores para la Protección de los Bosques Naturales del Gran Simacache, quienes desde el año 2013 están teniendo dificultades para ingresar al área, ya que cuando realizaban la colocación de los hitos que delimitan la concesión en el mes de abril de dicho año, siete miembros de la asociación en horas de la noche fueron retenidos contra su voluntad, despojados de sus pertenencias y amenazados de muerte si intentaban regresar en posteriores oportunidades por personas que dijeron pertenecer a otra asociación denominada “Semache”, quienes manifestaron contar con una resolución emitida por la Dirección Regional de Agricultura de Moyobamba concesionándoles dicha área de lo cual se han valido para realizar, tráfico de tierras, caza furtiva, tala de árboles y actividades agrícolas y pecuarias en una zona destinada para la conservación. Los miembros de la Asociación de El Gran Simacache, verdaderos administradores del área son conscientes de la gran responsabilidad que han asumido y por lo tanto han seguido los procedimientos debidos para frenar esta situación. Desde el 2011 realizaron 3 denuncias ante la policía y la Fiscalía Especializada en materia Ambiental por invasión y deforestación. Las denuncias fueron archivadas repetidamente, y aunque actualmente hay algunas personas que están siendo juzgadas, ellos todavía radican en la zona, y la población junto a la deforestación van en aumento rápidamente. Para que existan pruebas de que efectivamente hay invasión de tierras en el área, solicitaron a la Autoridad Regional Ambiental en una primera oportunidad la realización de una inspección ocular que se llevó a cabo en las fechas 18-26 de febrero donde la conclusión de dicha inspección fue que hay invasiónes y tráfico de tierras, deforestación y cacería dentro del área. Posteriormente en repetidas ocasiones se ha solicitado al ARA se realice una segunda inspección para comprobar que siguen incidiendo en los delitos mencionados y que se proceda al desalojo de los invasores. Desde junio de 2016 se ha continuado realizando esta petición y después de varios meses de coordinación y cancelaciones del ultimo momento entre la Autoridad Regional Ambiental, Fiscalía Ambiental, Policía Nacional, Ronda Campesina, la Asociación de agricultores para la protección de los bosques naturales del Gran Simacache y la ONG Neotropical Primate Conservation todavía no hay fecha para la inspección ocular a pesar de que la administración correría con parte de los gastos que implica la realización de dicha diligencia. Recién la policía envió un grupo de efectivos vestidos como civiles a la zona para hacer una investigación de inteligencia. Parece que los efectivos policiales no ingresaron a la zona correcta porque dicen que solo han encontrado señales de cacería y no de invasión de tierras. En contradicción, ellos dicen que la zona es muy peligrosa y que las fuerzas policiales no van a ser suficientes para intervenir en la zona. Ahora El gobierno regional dice que sin la intervención del Ministerio del Interior no pueden actuar, lo que según ellos va a demorar algunos meses más. En noviembre del 2016 los asociados junto a los dirigentes del caserío de Alto Pachiza que es la principal entrada hacia la concesión, convocaron a una reunión de urgencia para tratar el tema de la invasión a la concesión, con semanas de anticipación se hicieron llegar oficios de invitación a la Autoridad Regional Ambiental, la Fiscalía en Materia Ambiental, la Policía Nacional, la Subprefectura de Saposoa, la Agencia Agraria de Saposoa, la Ronda Campesina de Alto Pachiza, entre otras instituciones. Tanto los representantes de la Autoridad Regional Ambiental, la Fiscalía y la Policía simplemente no asistieron, cada uno con una diferente disculpa a pesar de que algunas ya habían confirmado su presencia en dicha reunión. Así que fueron los socios y los representantes de la ONG Neotropical Primate Conservation quienes al encarar al principal dirigente de los invasores este solo manifestó que por ningún motivo ellos van a retirarse del lugar y si el posible harán que corra un río de sangre, siempre escudados en la necesidad. Además, la asociación ha entregado su plan de manejo a la Autoridad Ambiental Regional de San Martín en setiembre del 2015, aunque sabemos que no hay observaciones para el plan, el documento todavía ¡no es aprobado! Lo más preocupante de esta situación ahora es que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) que es el encargado de fiscalizar los títulos habilitantes dados por las autoridades ambientales, como los Concesiones para la Conservación, en estos días está visitando este tipo de iniciativas de conservación y si encuentran alguna irregularidad las multas que aplican muy elevadas por temas administrativos o los denuncian penalmente. Los asociados encargados a la CC El Gran Simacache se sienten temerosos de esta visita, sabiendo que pueden ser multados por daños causados por terceros dentro de su área y que desearon frenar en su debido momento pero que no encontraron el apoyo necesario en las autoridades correspondientes, quienes ahora pretenden lavarse las manos y dejar toda la responsabilidad a la administración. En un país donde se mide con la misma vara aun concesionario forestal y a un conservacionista, donde sabemos quién gana y pierde al final.

Fuente : Diario VOCES

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