Más de 750 millones de personas no tienen acceso a
una fuente segura de agua y una tercera parte de la población mundial vive en
áreas con escasez de este recurso.
La perspectiva a futuro no es mejor. Si los
patrones de consumo se mantienen, en 2025 dos tercios de la población vivirán
en condiciones de estrés hídrico.
Cuando se habla de consumo hay que especificar que
sólo el 10% de la demanda de agua se destina al abastecimiento de agua potable,
el resto va dirigido a usos agrícolas, industriales y energéticos.
En estos datos no se diferencian, por cierto, los
usos de las pequeñas actividades económicas de aquellas que corresponden a
grandes explotaciones, ya sean extractivas, energéticas, agroindustriales, etc.
Y esta cuestión es crucial para conocer quién está
controlando las fuentes de agua y quién debe reducir su consumo.
Por otro lado, se debe tener en cuenta,
necesariamente, los efectos del cambio climático, porque ya están teniendo
secuelas sobre la disponibilidad hídrica en muchos territorios.
Además de los datos relativos al acceso a agua
potable, hay que evaluar la situación de los servicios de saneamiento de aguas
residuales, ya que son fundamentales para asegurar unas condiciones adecuadas
de higiene y salud, por un lado, y minimizar la contaminación de los ríos y
acuíferos, por otro.
En este ámbito, la situación es aún peor; 2.500
millones de personas no disponen de infraestructuras para transportar y depurar
el agua utilizada(1).
Ante la gravedad de la situación, la comunidad
internacional ha actuado a través de conferencias, declaraciones y objetivos de
desarrollo, con el calificativo “del milenio” antes y “sostenibles” ahora.
Un ejemplo de las propuestas institucionales es el Decenio Internacional para la Acción
“El agua, fuente de vida” (2005-2015),
que se estableció en Naciones Unidas para aunar los esfuerzos en cubrir las
necesidades relacionadas con el agua.
El resultado, una vez finalizado el decenio, se
reflejó en la Declaración de Dushanbe y se puede resumir en: el
reconocimiento de los múltiples proyectos de cooperación, la sensibilización,
el desarrollo de la comunidad mundial del agua y la participación del sector
privado(2).
Una vez más, continúa la retórica y la falta de una
evaluación crítica que se dirija a las causas del problema.
No hay voluntad política para ello, porque afrontar
la desigualdad y la destrucción de los ecosistemas acuáticos significaría
cuestionar el actual modelo capitalista, significaría cambiar radicalmente las
prioridades y subordinar los intereses económicos a los de las mayorías
sociales y a los límites del planeta.
Los gobiernos e instituciones multilaterales no
están dispuestos a tomar este rumbo y siguen elaborando un discurso que
pretende compatibilizar la justicia social y ambiental con el negocio.
No se reconoce que es imposible redistribuir el
agua equitativamente entre la población, universalizar el saneamiento y
conservar los ríos y acuíferos si se prioriza el lucro de una élite.
Y las evidencias son cada vez mayores, como
reflejan los artículos y las entrevistas de este monográfico.
La privatización del agua, el papel de las
multinacionales, la construcción de grandes infraestructuras, los impactos de
actividades extractivas e industriales y el cambio climático son abordados por
diferentes organizaciones que, frente a esta realidad, nos cuentan las
resistencias sociales y las alternativas que están creando en defensa del agua
y la vida.
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