La voz de alerta la dio hace
cuatro meses Daniel Sánchez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la
Defensoría del Pueblo, en una visita, junto a su equipo, a tres internados
estudiantiles ubicados en las comunidades awajún Kusu Kubaim y
Huampami, del distrito El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región
Amazonas.
El primer internado, en Kusu
Kubaim, alberga a estudiantes hombres del colegio Hilario Chuin
Bashutat. En el caso de Huampami, se visitaron dos internados, uno
para mujeres y otro para hombres, que albergan a estudiantes del
colegio Moisés Moreno Moreno.
El cuadro hallado no podía ser
más dramático y violento: insalubridad, falta de seguridad, carencia de
raciones diarias de alimentos y hacinamiento. Peor aún, según profesores de la
zona, algunos alumnos habrían llegado a prostituirse a cambio de comida.
De acuerdo a Sánchez,
era una situación que sin duda ponía en riesgo los derechos a la
vida, salud, integridad física y sexual, así como el desempeño escolar de los y
las estudiantes indígenas de la localidad.
En aquel entonces, el
funcionario del organismo constitucional autónomo solicitó acciones inmediatas.
Cuatro meses después vuelve a hacerlo. Y es que aún no se han puesto en
marcha medidas efectivas.
Por ello convocó a una reunión
de trabajo para conocer las acciones que se habrían implementado, teniendo
en cuenta que no está muy lejos el inicio del nuevo año escolar.
Por lo pronto, en una reunión
sostenida el lunes 18 de enero, los representantes de la Dirección de
Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación reiteraron
la pronta aprobación de los Lineamientos de Modelos de Secundaria Rural.
Según explicaron,
estos permitirán que el sector educación asuma las competencias para la
gestión y funcionamiento de 16 internados a nivel nacional, entre los que se
encuentran los ubicados en las comunidades de Amazonas.
Esta norma dispondrá que los
directores de las escuelas sean también los responsables de la gestión de los
internados estudiantiles. Asimismo, estos contarán con un coordinador de
la residencia y con responsables para el acompañamiento educativo, soporte
emocional y de seguridad a los y las estudiantes indígenas.
Sánchez explicó
recientemente que una vez aprobados dichos lineamientos, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social debería promulgar una Resolución Ministerial que
permita que en estos internados se pueda distribuir alimentos, a fin de evitar,
como se había sido advertido, que los estudiantes tengan que prostituirse para
alimentarse.
Por su parte, representantes
del Plan Selva del Ministerio de Educación y del Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza Perú – Ecuador acordaron sostener una reunión técnica a
fin de definir el presupuesto que supondría la construcción de una nueva infraestructura
para dichos albergues amazónicos.
“Es
necesario contar con una nueva infraestructura. Sin embargo, hay diversos
procesos administrativos que realizar. Por ello, ante lo inminente del inicio
del año escolar sería conveniente que, de manera provisional, se destine
presupuesto para la mejora de la infraestructura actual a fin de que los
estudiantes no corran peligro”, puntualizó Sánchez.
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