El 25 de
enero pasado se reportó un derrame de petróleo en el distrito de Imaza,
provincia de Bagua (Amazonas). La fuga fue detectada a la altura del kilómetro
440 del ramal norte del Oleoducto Norperuano, administrado por Petro-Perú.
Una semana después otro derrame ocurrió en la
provincia Datem del Marañón, en Loreto. Ambas fugas, según la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian), han
afectado a unos 8 mil pobladores. Este dato no ha sido corroborado por las
autoridades.
En el primer caso, la petrolera estatal explicó
que la fuga se produjo por un desplazamiento del terreno donde se ubicaba el
ducto, que finalmente lo afectó. Por ello, se contuvo el crudo derramado con la
instalación de un sistema de barreras. Sin embargo, la contención cedió ante
las fuertes lluvias y el petróleo se extendió por la zona.
El jueves último, Orpian denunció que el
petróleo había llegado al río Marañón por la quebrada Inayo y el río Chiriaco,
afluentes que se ubican cerca del sector del derrame. Petro-Perú señaló ayer
que la situación fue controlada y que realiza labores de inspección preventiva
en el área.
Cuando una empresa asume el control de un
oleoducto, debe contar con planes actualizados de operación y contingencia ante
una fuga como la de Amazonas, explica Freddy Rojas, experto en energía y medio
ambiente. “Petro-Perú no puede atribuir la fractura del ducto a la naturaleza.
Este oleoducto es de los años 60 y, por ello, se tienen que prever estos
accidentes. Hoy se evidencia una mala gestión al respecto”, agregó.
El titular del Ministerio del Ambiente (Minam),
Manuel Pulgar-Vidal, dijo días atrás que “la infraestructura [de la empresa
estatal] está obsoleta”.
LABORES
DE LIMPIEZA
El Comercio recorrió ayer diez kilómetros del río Chiriaco y comprobó que el derrame ya alcanzó sus aguas. Las manchas de petróleo se evidencian en gran parte del cauce de este afluente del río Marañón.
El Comercio recorrió ayer diez kilómetros del río Chiriaco y comprobó que el derrame ya alcanzó sus aguas. Las manchas de petróleo se evidencian en gran parte del cauce de este afluente del río Marañón.
Unos 250 pobladores se dedican a la limpieza y
recojo del crudo en sus aguas. Ayer trascendió que algunos menores de edad
fueron contratados por Petro-Perú para esta labor. Sin embargo, residentes de
la zona indicaron a este Diario que los niños y adolescentes lo hicieron
voluntariamente.
EL
ROL FISCALIZADOR
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó ayer a El Comercio que, tras las denuncias de las comunidades nativas, envió a su personal a la zona para corroborar el impacto del petróleo sobre los ríos, así como sobre la flora y fauna.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó ayer a El Comercio que, tras las denuncias de las comunidades nativas, envió a su personal a la zona para corroborar el impacto del petróleo sobre los ríos, así como sobre la flora y fauna.
La entidad tomará muestras de agua y tierra en
la zona cercana al derrame. Los resultados de se tendrían en un mes. Luego de
ello, el área legal iniciaría un proceso para sancionar a Petro-Perú, tras la
eventual comprobación del daño ambiental.
En noviembre del 2015, el OEFA ya había
declarado la responsabilidad administrativa de Petro-Perú, luego del derrame
del Oleoducto Norperuano en la localidad de Cuninico (Loreto). Sin embargo,
solo impuso medidas correctivas.
Esto sucede por la Ley 30230 [para la
dinamización de la inversión], que desde el 2014 resta competencias
sancionadoras al OEFA y lo limita a dar recomendaciones a los infractores,
explicó César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
“Solo ponen multas cuando la vida de alguien está en riesgo. Le han quitado los
dientes a esta entidad”, dijo.
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