Tras siete años y cuatro meses de proceso, la Sala
Penal liquidadora y transitoria de Bagua absolvió de ocho delitos a los 52
procesados —inicialmente 53, uno fallecido— por los sucesos de la Curva
del Diablo, en Bagua, incidente ocurrido el 5 de junio de 2009, el cual
dejó como saldo doce efectivos policiales fallecidos.
La sala, conformada por Gonzalo Zabarburú Saavedra
(presidente y director de debates), Norberto Cabrera Barrantes (segundo vocal)
y Enrique Montenegro Guimaraes (3er vocal); sentenciaron que no se comprobó que
los nativos hayan manipulado armas de fuego que ultimaran a los policías
acaecidos en aquel fallido operativo.
Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal
(IDL) y uno de los defensores de las víctimas, saludó esta decisión y reiteró a
través de su red social facebook esta tarde que no se contaba con suficientes
pruebas para inculpar a los procesados.
“No está probado que hayan arrebatado las armas a
los policías y con ellas los asesinaron porque las declaraciones auto
inculpatorias iniciales fueron obtenidas sin las garantías de ley porque no
tenían abogados, lo hicieron sin intérpretes y bajo apremios ilegales de
golpes" indicó.
"además porque en juicio oral con las
garantías del debido proceso aclararon rectificar estas declaraciones.
Finalmente sobre el delito de daños, la Fiscalía no probó quienes cometieron
los hechos”, sostuvo el defensor.
El tribunal no llegó a comprobar la responsabilidad
penal por el delito de homicidio calificado.
Asimismo, a los procesados se les imputó la
comisión de otros siete delitos, tales como lesiones graves, disturbios,
obstaculización de los servicios públicos, daños agravados, motín, tenencia
ilegal de armas de fuego y arrebato de armas de uso oficial en su modalidad
agravada.
“Está demostrado el delito pero no se ha
identificado a los autores”, sostuvo Juan José Quispe.
La lectura de la resolución se hizo en lengua española,
awajun y wampis. Un aspecto gravitante en esta sentencia ha sido al
aspecto intercultural al ponderar los hechos.
“El tribunal reconoce el pluralismo cultural y
jurídico, la importancia de los peritajes antropológicos para una mejor
comprensión de la cultura indígena, reconoce la supremacía de los tratados
internacionales así como el respeto de las disposiciones contenidas en las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Convenio 169 y
el control de convencionalidad”, indicó el abogado de IDL.
¿Y dónde están los responsables?
Una de las responsabilidades políticas más
determinantes fue la de la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas,
a quien la Comisión Lombardi responsabiliza por el fracaso del operativo
policial llevado a cabo, precisamente, en la Curva del Diablo, hechos que
motivaron este proceso.
Otra figura política que no asumió sus
responsabilidades fue el entonces primer ministro, Yehude Simon, a quien
se responsabilizó de no ofrecer una solución política a los hechos de violencia
que se venían dando durante tu gestión en el premierato.
También se encuentra el ministro de Defensa Ánterp
Flores-Araoz y por último, la actual segunda vicepresidenta de la
República, Mercedes Araoz, por entonces ministra de Comercio Exterior y quien
jugó un papel importante en los hechos al ejercer presión sobre la opinión
pública para la aprobación del TLC con los Estados Unidos.
Ella, según
el informe de la Comisión Lombardi, también se encuentra dentro de los
responsables políticos por los muertos de lo sucedido en Bagua.
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