El Tribunal Constitucional está próximo a emitir
una sentencia que debe sentar un precedente importante sobre la legitimidad
para obrar en defensa de las poblaciones en aislamiento y contacto inicial, las
más vulnerables y desprotegidas del país.
Se trata de un recurso de amparo presentado por
el Instituto
de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
el 2012 para que se respeten los derechos de las poblaciones indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial que habitan la Reserva Territorial
Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti.
La demanda es apoyada por la ónorganización
amazica AIDESEP que se incorporó como litisconsortes
facultativos en marzo de 2016.
La demanda de amparo frente al estudio de impacto
ambiental de Pluspetrol que amplía sus operaciones en el lote 88 recibió el
respaldo del Instituto
de Defensa Legal (IDL) que presentó un informe especializado
(amicus curie) para reforzar la demanda que debe ser resuelta por el Tribunal
Constitucional.
A continuación el artículo informativo sobre el
tema elaborado por IDLADS:
La oportunidad del Tribunal Constitucional de
proteger a los indígenas aislados
Por IDLADS
16 de septiembre, 2016.- Desde los años
80 los diversos pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI)
padecen una serie de afectaciones tanto a su territorio, como a su estado de
salud ue se ha visto agravada por el contagio de epidemias e
intoxicaciones que les causa altas tasas de mortalidad.
Las afectaciones se deben principalmente a la
presencia externa de agentes petroleros, gasíferos y otros, en sus territorios
ancestrales, lo que desencadena en un primer momento enfrentamientos
violentos y desplazamientos poblacionales hacia zonas ocupadas por otros
pueblos, provocando agresiones y conflictos entre ellos, por conseguir un
espacio vital donde sobrevivir.
A la fecha, se sabe que pueblos indígenas como el
Nahua o Yora presenta altos contenidos de mercurio en la sangre, y
se estima que el 80 por ciento de sus habitantes se encuentran
intoxicados de mercurio.
Pero lo más triste de esta situación es la
inactividad por parte del Estado para atender la intoxicaciíon que los aqueja.
El mismo Ministerio de Salud ha reconocido que estos pueblos son vulnerables
ante enfermedades infecciosas y virales, para las que no tienen defensas
inmunológicas.
Según el informe de la Oficina General de
Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) denominado “Pueblos en situación
de extrema vulnerabilidad: El caso de Nanti de la reserva territorial
Kugapakori Nahua Rio Camisea, Cusco”, “los pueblos en situación de aislamiento
y contacto inicial son desde el punto de vista de la salud, poblaciones en
situación de alto riesgo y vulnerabilidad ante enfermedades infecciosas y
virales.”(1)
La Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP) es la principal organización indígena de la
Amazonía peruana que viene solicitando reiteradamente a las entidades estatales
competentes, información sobre el envenenamiento por mercurio del Pueblo
Nahua, y atención médica urgente ante su padecimiento.
En
noviembre de 2015, ante tanta presión, el Ministerio de Salud realizó un
análisis de la situación de salud, a parte de la población afectada por el
metal pesado, sin embargo hasta la fecha no se ha tenido respuesta alguna de
sus resultados, y mucho menos los informes médicos del estado de salud de los
Nahua analizados. por lo que se llegaría a la conclusión de que el
gobierno viene ocultado información sobre el estado de salud de los mismos,
quienes también están expuestos a otras enfermedades como la hepatitis B, las
diarreas agudas, la tuberculosis y padecimientos respiratorias, entre
otros.
A todo ello, se suma que desde el año 2000 la empresa
Pluspetrol S.A viene operando el Lote gasífero 88, más conocido como el
Proyecto Camisea, que se superpone y hace presión sobre la Reserva Territorial
Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN), y que si bien no se tiene certeza de que la
fuente del envenenamiento de mercurio sea el desarrollo de este proyecto,
tampoco las autoridades han descartado que pueda estar relacionada a su
actividad extractiva.
En el año 2011, Pluspetrol presentó al
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el proyecto para la primera fase de
ampliación del Lote 88, el mismo, que un año después obtuvo el permiso
solicitado, consistente en la construcción de tres pozos en la zona de San
Martín Este(2), que se extiende a una zona adicional dentro de la RTKNN.
Ante
ello, en el año 2012, el Instituto de
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) interpuso una acción judicial
de amparo(3) a favor de estos pueblos aislados, en el que se exige que esta
empresa, respete el derecho a la autodeterminación, la vida, la salud, la
identidad étnica y cultural, al territorio, a un ambiente sano y equilibrado, y
el derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas en aislamiento
voluntario y contacto inicial que habitan la Reserva Territorial Indígena
Kugapakori, Nahua, Nanti.
Esta
demanda fue apoyada por AIDESEP, cuya incorporación como litisconsortes
facultativos al proceso, se presentó en marzo de 2016, y ha permitido impulsar
el proceso, dándole un giro positivo al mismo. Se ha ganado en la segunda
instancia del caso exhortándose al Juez de primera instancia que vuelva a
calificar la demanda de manera más rigurosa, atendiendo los derechos
constitucionales amenazados.
También en el 2012, Pluspetrol presentó
otro Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al MINEM, para la segunda fase de la ampliación,
denominado “Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de
Exploración y Desarrollo en el lote 88”, al que nuevamente el IDLADS, interpuso
otro recurso de amparo(4) solicitando que se resguarden los derechos
constitucionales de estos pueblos indígenas.
Adicionalmente
se pidió que se le ordene al MINEM abstenerse de aprobar el mencionado EIA, por
no haber sido sometido a consulta previa con las organizaciones indígenas que
en representación de estas poblaciones vulnerables, serían los legitimados para
ser parte de este procedimiento.
Esa
última demanda que se encuentra en el Tribunal Constitucional, ha sido
respaldada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) con la presentación de un
amicus curie (informe especializado) para reforzar los argumentos expuestos en
la demanda y visualizar las transgresiones a los derechos fundamentales de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Esta
situación de falta de atención se extiende a otros indígenas aislados, y ha
sido motivo de preocupación de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU),
quienes han solicitado mayor protección para la Reserva Indígena Isconahua, la
propuesta de Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental (Kapanahua),
el Parque Nacional Sierra del Divisor, entre otros.
A
ello, también se sumó la voz la Organización de los Pueblos Indígenas del
Oriente (ORPIO) quienes vienen denunciando la desatención del Estado a
solicitudes de creación de reservas indígenas cuya única finalidad es la
defensa de la vida de los pueblos indígenas en aislamiento que transitan por la
zona Yavari-Tapiche en Loreto.
Actualmente,
el caso se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, cuya sentencia está
muy próxima a emitirse, por lo que estamos a la espera de que se siente un
importante precedente sobre la legitimidad para obrar en defensa de estas
poblaciones, y sus derechos constitucionales.
Adviértase
que no solo los pueblos en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial
Kugapakori, Nahua, Nanti son los únicos afectados, sino de manera indirecta,
lo son otros pueblos aislados de las regiones de Loreto y Ucayali, quienes
se ven expuestos día a día, a las actividades extractivas, a la indiferencia, y
al olvido de nuestra sociedad y autoridades nacionales.
SERVINDI
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