CONSEJERO REGIONAL DE HUALLAGA C.P.C. CARLOS RAMIREZ SALDAÑA DENUNCIO CORRUPCION EN RED DE SALUD HUALLAGA-SAPOSOAEl Jefe de la oficina de OCI del Gobierno Regional, fue invitado ayer a exponer acerca de su informe anual, y más de una sorpresa fue la que se llevaron los Consejeros al escuchar atentamente la exposición del Dr. Ricardo Rivera Saldarriaga, con respecto a los casos de corrupción en el Gobierno Regional. Rivera Saldarriaga dio a conocer que por ejemplo, de las cuatro auditorías externas practicadas al Gobierno Regional, ninguna tiene opinión favorable y ni siquiera han podido efectuarse de manera integral por no contar con toda la documentación requerida para la realización de estos exámenes especiales, lo cual proviene principalmente de aquellos gastos que se ejecutan, pero que no se liquidan.
A esto se suma que de las 178 medidas correctivas emanadas por la oficina del Órgano de Control Institucional desde el 2006 hasta la fecha, apenas se han implementado 26, 106 se encuentran en proceso, y 46 ni siquiera se han tomado en cuenta hasta este momento.
“Si bien es cierto que el Gobierno Regional ha obtenido un primer lugar en transparencia, hay que recordar que esta medición la hacen algunas ONG´s particulares y en algunas ocasiones la Defensoría del Pueblo, pero no representan un estudio a fondo de la transparencia en todo el entorno del Gobierno Regional, pues no se toma en cuenta por ejemplo a sus unidades ejecutoras, que son las que mayores presupuestos manejan”, indicó el Jefe de la OCI.
A su turno, los Consejeros también hicieron llegar sus denuncias de presuntos casos de corrupción, como por ejemplo el consejero por la provincia del Huallaga, Carlos Ramírez (amazónico), quien dio a conocer que se ha constatado que muchas de las adquisiciones hechas por la unidad ejecutora de salud de su provincia, han sido hechas a empresas que no existen, pues coincidentemente solo se tramitaron RUCs exclusivamente para realizar estas ventas y prueba de ello, es que todas las facturas presentadas tienen el número 001, y cuando se averiguó acerca de estos RUC´s, ya habían sido dados de baja.
Otra Consejera que denunció claros indicios de irregularidades fue Mery Flores Saavedra, de El Dorado, quien dio a conocer que la empresa contratada para el mantenimiento de la carretera Cuñumbuque – San José de Sisa, apenas había ejecutado el 30% del presupuesto designado, y que ante su “ineficiencia”, esta labor ha tenido que ser asumida por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. “Yo sí creo que hay corrupción, aunque haya consejeros que creen que no existe corrupción”, acotó la mencionada Consejera.
Otra que se pronunció fue la consejera por la provincia de Lamas, Cinthya Hidalgo Villanueva, quien si bien mencionó que como presidente de la comisión de fiscalización, ya había recabado una serie de documentos acerca de pruebas contundentes de corrupción, señaló que esto lo daría a conocer a través de un informe en su momento, debidamente sustentado, criticando la actitud de algunos consejeros que en ocasiones solo lanzan denuncias que no tienen ningún sustento. Sin embargo, dejó una perlita al aire, indicando que por ejemplo, existían documentos que comprobaban que en una oficina se ha llegado a pagar la suma de 8 mil nuevos soles por el concepto de instalación de un teléfono.
A su turno, los Consejeros también hicieron llegar sus denuncias de presuntos casos de corrupción, como por ejemplo el consejero por la provincia del Huallaga, Carlos Ramírez (amazónico), quien dio a conocer que se ha constatado que muchas de las adquisiciones hechas por la unidad ejecutora de salud de su provincia, han sido hechas a empresas que no existen, pues coincidentemente solo se tramitaron RUCs exclusivamente para realizar estas ventas y prueba de ello, es que todas las facturas presentadas tienen el número 001, y cuando se averiguó acerca de estos RUC´s, ya habían sido dados de baja.
Otra Consejera que denunció claros indicios de irregularidades fue Mery Flores Saavedra, de El Dorado, quien dio a conocer que la empresa contratada para el mantenimiento de la carretera Cuñumbuque – San José de Sisa, apenas había ejecutado el 30% del presupuesto designado, y que ante su “ineficiencia”, esta labor ha tenido que ser asumida por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. “Yo sí creo que hay corrupción, aunque haya consejeros que creen que no existe corrupción”, acotó la mencionada Consejera.
Otra que se pronunció fue la consejera por la provincia de Lamas, Cinthya Hidalgo Villanueva, quien si bien mencionó que como presidente de la comisión de fiscalización, ya había recabado una serie de documentos acerca de pruebas contundentes de corrupción, señaló que esto lo daría a conocer a través de un informe en su momento, debidamente sustentado, criticando la actitud de algunos consejeros que en ocasiones solo lanzan denuncias que no tienen ningún sustento. Sin embargo, dejó una perlita al aire, indicando que por ejemplo, existían documentos que comprobaban que en una oficina se ha llegado a pagar la suma de 8 mil nuevos soles por el concepto de instalación de un teléfono.
El consejero por la provincia de Tocache, también denunció la existencia de indicios claros de corrupción en los procesos de adquisición realizados por la Unidad Ejecutora 403 de Tocache, en donde, aseguró tiene pruebas de los malos manejos que allí se vienen realizando. La consejera por la provincia de Rioja, Sandra Monge, invitó a participar al contador Wálter Tello, para que expusiera acerca de los casos de corrupción que hizo llegar a la Contraloría del PEHCBM. Tras la exposición, se acordó que este caso pase a la comisión de fiscalización, para que esta emita un dictamen en un plazo no mayor de 30 días acerca del mismo.
Al final el propio Jefe de la OCI, recomendó a los consejeros que tuvieran documentos y pruebas de actos de corrupción en las entidades del Gobierno Regional, que las hagan llegar directamente al Ministerio Público, a través de la fiscalía anti corrupción ó al Poder Judicial, pues reconoció que la OCI solo cumple la función de hallar los indicios de corrupción, pero que es en todo caso función del Procurador o del Ministerio Público, determinar y denunciar estos hechos, y del Poder Judicial, sancionarlos. Además dijo que el Gerente del Gobierno Regional, también tenía capacidad de aplicar sanciones administrativas.
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