AÑOS
2008 – 2009 : EL DESENLACE DEL CONFLICTO
Autor : Lenin Quevedo Bardales
Con el plan maestro aprobado y en
espera de un fallo del Tribunal Constitucional, el tema de la Cordillera
Escalera se durmió más que nunca. Recién en el mes de junio del 2008, en una
intervención realizada por el Municipio de La Banda de Shilcayo, se da cuenta
de la presencia de un gran número de comuneros en el Cerro Wayrapurina, ubicado
dentro de la cadena montañosa de la Cordillera Escalera, los mismos que fueron
denunciados por establecerse en el área de conservación.
El 19 de julio del 2008 se
realiza un paro en respaldo a la CGTP, en cuyo pliego de reclamos local se pide
un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la situación de Cordillera
Escalera y el silencio siguió cundiendo.
Un tema que fue seguido de cerca
por los medios fue la denuncia del alcalde bandino a los migrantes asentados en
el Cerro Wayrapurina, pero nada más.
En todo el año 2008, la latencia
del problema se mantuvo, mas no existió la fuerza contraria a la inversión
petrolera del año 2007. Sin embargo, el 2009 demostraría que el interés de la
población se encontraba dormido y no muerto.
Una sorpresiva mañana del 24 de
marzo del 2006, se conoció que el
Tribunal Constitucional finalmente había decidido algo en torno a Cordillera
Escalera. De acuerdo a la sentencia en cuestión se determina “ Declarar fundada
la demanda. En consecuencia, queda prohibida la realización de la última fase
de la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del Área de
Conservación Regional denominada Cordillera Escalera, hasta que no cuente con
el Plan Maestro, pudiendo realizar tal actividad una vez que este haya sido
elaborado y establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y
explotación y los objetivos del área de conservación regional Cordillera
Escalera.
En caso de que se encuentre en
ejecución la última fase de la etapa de exploración o la etapa de explotación,
dichas actividades deben quedar inmediatamente suspendidas.”
Inmediatamente la población y los
medios de comunicación celebraron con júbilo la noticia, mientras que uno de
los abogados que inicio la demanda Octavio Alvarado, lanzó un llamado de
alerta: Un nuevo plan maestro podía ser aprobado en Lima, por el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).
En ese momento la Sociedad
Peruana de Derecho ambiental emitió un comunicado en el que manifestaba que la
sentencia del Tribunal Constitucional atentaba contra la seguridad jurídica de
las empresas de hidrocarburos, pronunciamiento que fue cuestionado por la
población y las organizaciones sociales que elevaron de inmediato a través de
los medios de comunicación su voz de protesta, al punto que días más tarde el
SPDA rectifico aquella versión.
El 20 de marzo se realizó una
movilización que celebraba la decisión del Tribunal Constitucional y en la que
además se premió la labor de algunos personajes en torno a esta lucha. Entre ellos se encontraban los abogados Jaime
Bustamante Jhonson y Octavio Alvarado, además de Semira Pérez y Daniel Vecco ( el ultimo quien realizó el estudio de aguas que fue
fundamental para alcanzar la decisión de Cordillera Escalera.
De esta manera acabo un capítulo
de luchas en la región San Martin que buscaron poner por encima dela decisión
de los privados, las necesidades de la población.
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