Manuel Ernesto Navarrete Bazán-Fiscalia Penal Provincial de Huallaga
La justicia formal en el Perú es objeto de desprestigio popular. Los
pocos destellos intelectuales y morales de esta obedecen a individualidades
brillantes pero rara vez a esfuerzos colectivos de gran envergadura.
Iniciativas estatales las hay, pero se terminan burocratizando en el terreno de
los hechos. La percepción popular de la justicia formal no deja lugar a dudas,
siempre que se dan encuestas respecto a esta.
Frente a esto, quienes si pueden reinvindicar la aplicación de una
justicia oportuna y reparadora, son las rondas campesinas y urbanas. Y no sólo
frente a la delincuencia. En la lucha antisubversiva de los 80 – 90 fueron un
factor de lucha importante frente al terrorismo. Frente a la ineficiencia del
Estado el pueblo organizado de manera autónoma toma en sus manos el problema y
le da solución. En el tema de la ronda la pelota no esta en la cancha de los
ronderos sino del Estado, que tiene que dar explicaciones de por qué las cosas
han llegado a lo que son.
Si alguien aún no se ha dado cuenta, el tema de la justicia en el Perú
es un escenario de contradicciones sociales importantes y no menos graves. De
dicha problemática podrían devenir conflictos sociales.
A veces creo que en el tema de la ronda, un sociólogo perspicaz podría
ver hasta una singular confirmación de las tesis comunistas sobre el Estado y
la sociedad.
En la teoría comunista o marxista, entendida como corriente crítica
filosófica y social (y no como el dogma a la que ha sido reducida por
esquemáticos y extremistas), el Estado debe ir desapareciendo en la medida que
sus funciones van pasando a las organizaciones sociales, en pro de una labor de
autogestión, paralela al desarrollo económico, cultural y político.
Lo que ocurrió en la práctica en los países en que se intentó esto, fue
que el traspaso de poder a las organizaciones sociales nunca se verificó,
quedando el ideal atascado en dictaduras
burocráticas. Pero ahí está la teoría. Y la ronda parece darle desde estos
lares una confirmación...
En la ronda se ve un fenómeno muy singular: el propio pueblo
organizado, sin burocracias ni jerarquías, ni presupuesto, da solución rápida y
reparadora a problemas y conflictos de la comunidad involucrada. El Estado, en
comparación, queda en franca y terrible desventaja. Con todo su presupuesto,
burocracia y jerarquías no puede evitar la prolongación de los procesos, el
retardo en la administración de justicia y por supuesto, la injusticia.
La ronda ilustra de las potencialidades de lo que el pueblo organizado
puede hacer. La organización centuplica fuerzas. La movilización permanente y
organizada del pueblo para resolver los principales problemas es una formidable
arma que todo buen político debe usar.
La justicia formal debe tender puentes de colaboración con la justicia
ronderil, y comenzar a remontar ese fatal desencuentro entre Estado y sociedad
que el país arrastra desde la conquista española: el Estado no comprende la
sociedad y esta, a su vez, no se siente reflejada y entendida por el Estado.
En rigor, un factor de
desencuentro se da cuando los cuadros de la justicia formal no se encuentran a
la altura intelectual, moral y cultural
que requiere el ganar y/o recuperar la confianza de la población. Hay
que tener vocación de servicio, disciplina de estudio y trabajo y obviamente,
conocimiento básicos de sociología y política (como ciencia y no como
demagogia). Estos últimos también se adquieren en la práctica misma. Sí: el
magistrado es también político, en cuanto a que desenvuelve su labor dentro de
una sociedad y debe tener una estrategia para ganar la confianza de la
población y hacer también que esta comprenda su función y sus decisiones.
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